Análisis
metodológico del régimen de Lula
16 de abril 2003
James Petras y Henry Veltmeyer
Traducido para Rebelión por Manuel Talens
Necesitamos
el liderazgo estadounidense para las muchas cosas que hemos de hacer en este
mundo.
Celso Amorin, Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, 16 de marzo de
2003.
Vamos a declarar la guerra.
George W. Bush, 17 de marzo de 2003.
Introducción
La
elección de Luis Inacio “Lula” da Silva hizo surgir grandes expectativas en
el centro izquierda. Para la mayoría de los escritores izquierdistas, su elección
anunciaba una nueva época de cambios progresistas que, incluso si no eran
revolucionarios, significarían “el fin del neoliberalismo”. Notables
figuras religiosas progresistas, como Leonardo Boff, anunciaron el “cambio”
inminente, que iba a desafiar la hegemonía estadounidense y conducir a una gran
participación popular. Frei Betto, un colaborador cercano a Lula, lanzó un
vitriólico ataque contra los críticos que ponían en entredicho algunos de sus
nombramientos, en el cual recordó las raíces populares del presidente como
antiguo trabajador metalúrgico y sindicalista durante el cuarto de siglo
anterior. Olivo Dutra y Tarso Genero, dos miembros del ala izquierda del Partido
de los Trabajadores (PT) designados para puestos ministeriales poco relevantes
en el gabinete, exigieron medidas “disciplinarias” (la expulsión o el
silenciamiento) contra Heloisa, la senadora disidente del PT que se opuso al
nombramiento del senador de derecha José Sarney como Presidente del Senado. La
progresía europea, estadounidense y latinoamericana, así como los
izquierdistas y sus movimientos, las ONG y los periódicos, se unieron a la
celebración de la presidencia de Lula, de su “agenda progresista” y de su
“liderazgo en la lucha contra el neoliberalismo y la globalización”.
Mientras que más de 100.000 participantes en el Foro Mundial Social de Porto
Alegre aclamaban a Lula en enero de 2003 como héroe de la izquierda y precursor
de una nueva ola de regímenes izquierdistas (junto con el presidente Lucio Gutiérrez
y el presidente Hugo Chávez de Venezuela), algunos de los intelectuales
partidarios de Lula (Emir Sader) le pidieron que no fuese a Davos a defender su
agenda de inversiones extranjeras ante los especuladores más rapaces y los
inversionistas más ricos del mundo.
Además
de la gran mayoría de los intelectuales de izquierda, de las ONG y de los políticos
que de manera agresiva e incuestionable apoyan a Lula en su calidad de nueva
fuerza progresista, los medios financieros brasileños y extranjeros, las
instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial, Wall Street, la City de Londres y prominentes líderes de la
derecha, como el primer ministro británico Tony Blair y el presidente Bush)
elogiaron a Lula como “hombre de Estado” y “líder pragmático”. En
otras palabras, los grandes capitales, los banqueros y los líderes políticos
de la derecha consideran a Lula como a un aliado en la defensa de sus intereses
contra la izquierda y los movimientos populares de masas.
Este
ensayo analizará y evaluará las expectativas de las percepciones izquierdistas
y capitalistas a la luz de la realidad política y económica. La rigurosa
evaluación del régimen de Lula y de su trayectoria futura se basa en diversos
procedimientos metodológicos:
(A)
Un examen de la dinámica histórica del Partido de los Trabajadores (PT). No es
posible entender al PT estudiando simplemente lo que era en sus orígenes, hace
casi un cuarto de siglo. Los partidos políticos evolucionan a lo largo del
tiempo, de la misma manera que lo hacen sus relaciones con la base social
original que los apoya, sus fuentes de financiación, la composición del
partido, la membresía en los congresos y las estructuras internas, tal como
indicaron hace mucho los sociólogos clásicos Michels, Pareto y Weber. En el
caso del PT, el cambio en relación con los movimientos sociales, los procesos
electorales y la maquinaria estatal es crucial.
(B)
La relación entre el PT y los gobiernos nacional, estatal y local en los que ha
ejercido el poder. Antes de la elección de Lula como presidente, el PT ocupó
los cargos de gobernador o gobernó en coalición en varios estados importantes
(Rio Grande do Sul, Brasilia, São Paulo) y en muchas ciudades grandes y
medianas, incluidas Porto Alegre, São Paulo, Belém, Brasilia, Florianopolis y
otras). Los gobiernos del PT han evolucionado en todos estos niveles durante los
últimos veinticinco años, desde la socialdemocracia al neoliberalismo, y
representan un importante papel en la provisión de ministros, funcionarios y
actitudes políticas al gobierno de Lula.
(C)
El programa político económico del PT ha cambiado de manera muy significativa
a lo largo de la pasada década y, en particular, durante la campaña electoral
presidencial de octubre de 2002. Los poco informados entusiastas de la
presidencia de Lula, en particular los observadores extranjeros, suelen
referirse a los programas pasados del PT, que no tienen relevancia alguna con
respecto a la política actual y a las prioridades inmediatas para el futuro.
Los juicios a priori, las proyecciones de deseos y la exuberancia excesiva e
irracional han nublado el juicio de muchos de los defensores nacionales y
extranjeros de Lula con respecto a sus prácticas y prioridades socioeconómicas
actuales.
(D)
La campaña electoral y, lo que es más importante, las alianzas políticas y
los pactos económicos que la acompañaron, son importantes puntos de referencia
para un análisis serio y para la evaluación subsiguiente del régimen. En el
terreno de las campañas electorales, lo más importante no es la frecuente
“retórica populista”, el “mezclarse con el pueblo”, las promesas
socioeconómicas de empleos y de la mejora del nivel de vida o incluso las
denuncias del neoliberalismo (que es lo que suelen hacer los políticos de todas
las tendencias y colores desde finales de los años ochenta), sino las alianzas
sociopolíticas, las visitas a Washington y Bruselas y los pactos económicos
con el Fondo Monetario Internacional y otro “centros de poder”. Igualmente
importante es la relación de las campañas electorales con las luchas de masas
en curso: ¿exigen los políticos durante la campaña electoral que cesen los
movimientos y desistan de la acción directa para no asustar al mundo de los
negocios y a las elites bancarias o bien los animan y combinan con ellos su
estrategia electoral? La relación entre los partidos electoralistas y los
movimientos de masas y sus luchas es un indicador importante de la trayectoria
futura de un partido cuando llega al poder.
(E)
La “imagen” y la “realidad” de un candidato es un indicador importante
de la dirección del partido y de su futuro curso político en el gobierno. La
mayoría de la propaganda electoral se centra en el perfil anterior de su
candidato, en sus orígenes humildes, en sus vínculos pasados con las luchas
populares y en sus gestos “plebeyos”; a pesar de que esta retrospectiva es
importante, es también compatible con una alianza actual con la elite del poder
y con pactos con banqueros y grandes capitales. Lo fundamental es en qué lugar
se encuentran hoy los políticos y hacia dónde van. Un análisis mediocre de
clase se centrará en los orígenes sociales, mientras que el análisis riguroso
examinará la movilidad de clase, los nuevos referentes y la resocialización
política adulta del personaje. Existen demasiados ejemplos, pasados y actuales,
de presidentes electos que empezaron siendo pobres y progresistas y terminaron
ricos y reaccionarios como para pasar por alto esta hipótesis en el caso de
Lula. El más reciente es el del presidente Toledo, de Perú, que se presentó
vestido de campesino y como antiguo limpiabotas. Más tarde, recibió un
doctorado honoris causa en los Estados Unidos, colaboró con el Banco
Mundial y, tras su elección, puso en práctica un programa neoliberal
profundamente reaccionario, apoyado por el Fondo Monetario Internacional y
rechazado por la gran mayoría de los peruanos, incluida buena parte de los
votantes pobres que se dejaron embaucar por su folclórica propaganda electoral.
(F)
La identidad, el historial y las políticas económicas de los funcionarios
ministeriales y económicos claves. Los nombramientos del gabinete son
fundamentales en la configuración de la política y en la definición de la
clase y del carácter nacional de un régimen. De manera más específica, los
ministerios de Finanzas, de Economía, de Asuntos exteriores y de Agricultura,
así como la dirección del Banco Central, determinan los parámetros y las
prioridades de la política social y económica del régimen. Estos ministerios
definen los presupuestos y las posibilidades de los demás. Por ello, lo
importante no es el número de ministros que representan una u otra tendencia
política, sino la perspectiva política y económica de los ministerios claves
y del Banco Central.
(G)
Las decisiones políticas y económicas durante las primeras semanas del régimen
de Lula y las políticas estructurales que propuso, los presupuestos, los
“pactos” y las alianzas nos proporcionan la base empírica para evaluar la
dirección en la que avanza. Las prioridades públicas económicas fijadas por
el presidente y su equipo económico con respeto a la deuda externa, el
presupuesto, el ALCA, los tipos de interés, el Fondo Monetario Internacional,
la reforma agraria, las pensiones y la legislación industrial tienen que enorme
impacto sobre las clases sociales y definen el carácter presente y futuro del régimen.
Analizaremos
el régimen de Lula de acuerdo con este método, para lo cual seguiremos los
siete criterios mencionados más arriba, con vistas a evaluar de manera realista
y objetiva su naturaleza y sus perspectivas.
Dinámica
histórica del Partido de los Trabajadores (PT)
Los
publicistas contemporáneos se refieren al PT como un partido de trabajadores,
basado en sus supuestos lazos con los movimientos sociales y su profunda
participación en la lucha de clases y otras luchas sociales. Esto era verdad en
el momento de su fundación hace más de dos décadas.
El
hecho más significativo del PT es su cambio cualitativo durante el último
cuarto de siglo, que ha pasado a través de varias etapas esenciales: (1) relación
con los movimientos sociales y sus luchas; (2) estructura interna del partido y
composición de los delegados a su Congreso del Partido; (3) programa y alianzas
políticas y (4) estilo de liderazgo.
El
PT, en el momento de su fundación, era un partido con un fuerte componente de
movimientos sociales: trabajadores sin tierra, favelados urbanos
(moradores de barrios bajos), ecologistas, feministas, grupos culturales y artísticos,
activistas progresistas religiosos y de derechos humanos y los principales
nuevos sindicatos de trabajadores metalúrgicos, así como profesores,
trabajadores de la banca y funcionarios. El PT aumentó rápidamente el número
de afiliados y la influencia de su participación directa en las luchas
sociales. Al principio, las campañas electorales fueron en gran parte un
complemento de las luchas extraparlamentarias. Con el tiempo y con los éxitos
electorales que fue cosechando, el sector “electoral” del PT tomó el
control del partido y, poco a poco, redefinió su función como aparato básicamente
electoral, manteniendo la retórica de la lucha social, pero concentrando sus
esfuerzos dentro del aparato y las instituciones del Estado, así como formando
alianzas de facto con partidos burgueses. Una minoría del “partido
electoral”, el ala izquierda, continuó apoyando los movimientos –desde las
instituciones–, ofreciéndoles defensa legal, denunciado la represión estatal
y estimulando con su oratoria las concentraciones de masas. Sin embargo, está
claro que todas las tendencias del partido electoral, la izquierda, el centro y
la derecha, ya no estaban implicadas en la organización cotidiana de las masas,
excepto en el momento de las campañas electorales.
El
segundo cambio básico se dio en la composición del partido y de sus Congresos.
A mediados de los años noventa, la gran mayoría del aparato del partido estaba
ya compuesta por funcionarios a tiempo completo, profesionales, abogados,
profesores universitarios y otros empleados de clase media y de clases
inferiores. Los activistas “voluntarios” desaparecieron o fueron marginados
conforme el partido reemplazaba las luchas de masas por la búsqueda de puestos
oficiales y por el trapicheo con grupos de negocios y con una serie de partidos
de centro izquierda y centro derecha.
El
último Congreso del PT, antes de la elección de Lula, fue abrumadoramente de
clase media (el 75 %), compuesto sobre todo por funcionarios, con unos poco
sindicalistas, representantes del MST (Movimiento de los Sin Tierra) y líderes
de derechos humanos.
Claramente,
el PT había dejado de ser un “partido de trabajadores”, ya fuese en su
composición, en sus delegados al congreso o en su relación con los movimientos
sociales antes de las elecciones. Además, muchos de los miembros elegidos del
PT en los ámbitos municipal y estatal provenían de alianzas con otras clases
sociales, grupos de negocios y partidos burgueses, alianzas que el PT repetiría
en la campaña presidencial de 2002. En otras palabras, el giro a la derecha del
PT en el ámbito nacional había sido precedido por un modelo similar en los ámbitos
estatal y municipal durante la década de los noventa. Más aún, muchos de los
líderes importantes del partido, que luego serían consejeros de Lula, ya
practicaban políticas neoliberales desde sus respectivas posiciones, incluso si
el programa nacional del partido todavía hablaba de socialismo, de
antiimperialismo y de impago de la deuda externa.
Conforme
se acercaban las elecciones de 2002, los líderes nacionales del PT, con Lula
mostrándoles el camino, eliminaron todas las referencias programáticas al
socialismo y al antiimperialismo, de acuerdo con las prácticas neoliberales de
los miembros electos del partido y con el apoyo mayoritario de los delegados de
clase media.
El
tercer cambio significativo del PT es la evolución de su programa.
Esencialmente, los cambios programáticos han tenido lugar en cuatro etapas:
(1)
Durante los años ochenta, el PT abogaba por una sociedad socialista basada en
la democracia de estilo asambleario, vinculada a los movimientos sociales. El PT
defendía el rechazo de la deuda externa, una amplia redistribución de la
tierra con el apoyo financiero, técnico y publicitario del estado, la
socialización de la banca, el comercio exterior y la industria nacional
(algunos sectores exigían la expropiación de grandes industrias y otros la
gestión conjunta de los trabajadores). Estas posiciones radicales se discutían
abierta y libremente entre todas las tendencias (desde los marxistas a los
socialdemócratas), que incluso publicaban sus propios periódicos y aireaban su
disidencia.
(2)
Desde principios de los años ochenta a finales de los noventa, el PT se pasó a
la derecha y el eje del poder cambió hacia una posición “socialdemócrata”
(en apoyo del estado del bienestar) mientras que la izquierda marxista continuó
siendo una fuerte tendencia minoritaria. Los socialdemócratas controlaron cada
vez más el aparato del partido de clase media, mientras que los marxistas
organizaron su oposición desde dentro del mismo aparato y unos pocos, si es que
hubo alguno, se concentraron en la organización de las masas para contrarrestar
su cada vez mayor debilidad en la maquinaria del partido. Mientras que el
programa formal todavía conservaba las demandas radicales iniciales, en la práctica
la mayor parte de los gobernadores y los alcaldes recién elegidos no pusieron
en entredicho las existentes relaciones de propiedad. El ala radical de los
funcionarios elegidos en Porto Alegre introdujo la noción de un “presupuesto
participativo”, que implicara a los comités de vecinos, pero no logró
municipalizar ningún servicio esencial, incluido el transporte, o estimular
ocupaciones de tierras o las exigencias de los trabajadores sin tierra. Además,
el presupuesto participativo se basó en los fondos asignados por regímenes
estatales y municipales, que establecieron las prioridades presupuestarias
totales. Políticamente, esto significó que incluso el PT radical aprendió a
coexistir y a cooperar con la banca y con las elites industriales e
inmobiliarias.
En
la práctica, la minoría marxista y las alas socialdemócratas dominantes del
PT debatían únicamente sobre el lenguaje programático, mientras que las
diferencias reales entre ellos eran, de hecho, bastante estrechas.
La
tercera fase del PT, aproximadamente entre finales de los años noventa y las últimas
elecciones, fue testigo de un giro todavía mayor a la derecha en términos
programáticos. Incluso las referencias retóricas al marxismo, al socialismo y
al rechazo de la deuda externa desaparecieron. El liderazgo del partido estaba
en plena transición hacia el liberalismo social y combinaba la retórica
populista contra la pobreza con la búsqueda de alianzas con el mundo neoliberal
de los negocios, de la banca y de las elites de la agroexportación. Durante la
campaña electoral, Lula rechazó el referéndum sobre el ALCA que organizaron
el MST, los sectores de la iglesia progresista y otros grupos de izquierda. En
cambio, el PT pidió “negociaciones para mejorar el ALCA”. En junio de 2002
el PT firmó un pacto con el Fondo Monetario Internacional y accedió a sus
dictados sobre la austeridad fiscal, un superávit del presupuesto para pagar a
los accionistas, reducciones del gasto público y el respeto de todas las
empresas privatizadas. Los aspectos sociales de este programa liberal eran la
declaración a favor de una reforma agraria gradual (de dimensiones no
especificadas), una agenda política de “pobreza cero”, subvenciones
familiares para alimentos y títulos de propiedad para los okupas urbanos.
La
fase final de la evolución del programa del PT se inició en 2003, como partido
presidencial. El gobierno de PT abrazó entonces un ortodoxo programa
neoliberal. A pesar de las promesas de un aumento de los gastos sociales, el régimen
de Lula ha reducido presupuestos, ha impuesto la austeridad fiscal, ha aumentado
los tipos de interés para atraer capital especulativo y negocia con los EE.UU.
la reducción de sus barreras comerciales. En otras palabras, para el régimen
de Lula, sus diferencias con los estadounidenses se reducen a lograr que
Washington practique una economía de mercado consecuente. La mayor parte de los
izquierdistas del mundo que consideran la victoria del PT y de Lula como la
llegada de cambios básicos sociales, o a lo menos importantes, en beneficio de
los pobres y de una redistribución de la riqueza y de la tierra, basan su opinión
en imágenes anticuadas de la realidad. Durante los últimos años, los
militantes que construyeron el partido sobre la base de movimientos populares
han sido sustituidos por “neolulistas”, por funcionarios trepas, por
profesionales sin historia de política de clases, que llegaron al partido para
asegurarse los beneficios de un cargo y hacer contactos de negocios. El resto de
los antiguos demócratas reformistas sociales han sido desviados a ministerios
marginales o, si se atreven a poner en entredicho la hegemonía neolulista, son
sometidos a medidas punitivas por “violación de la disciplina del partido”.
Al
igual que en Inglaterra, donde el “New Labour” neoliberal proimperialista de
Tony Blair sustituyó al tradicional socialdemócrata Labour Party, los
estrategas ortodoxos neoliberales de Lula han creado un “Nuevo Partido de los
Trabajadores” sin contenido social, sin democracia.
Liderazgo
y democracia de partido
Desde
su fundación hasta finales de los años ochenta, el PT tuvo una vibrante vida
interna, abierta y libertaria. Los miembros acudían a las asambleas generales y
discutían con los líderes y los hacían responsable de su política, de sus
discursos y de su presencia o ausencia en manifestaciones populares. El
liderazgo era colectivo y las tendencias políticas diferentes exponían sus
posiciones sin miedo a que nadie fuese expulsado o sometido a disciplina. Para
los observadores exteriores, en particular los convencionales científicos
sociales estadounidenses, la vida interna del partido era “caótica”. Sin
embargo, se reclutaban nuevos activistas, los militantes se ofrecían para
actividades políticas y campañas electorales y el partido avanzaba a pesar de
la hostilidad universal de los medios de comunicación.
No
obstante, hacia finales de los años ochenta, el ala socialdemócrata electoral
ganó ascendencia y se dedicó a castigar y a expulsar a algunos sectores de la
izquierda radical. Las asambleas fueron sustituidas por reuniones de los
funcionarios a tiempo pleno, que primero ponían en práctica las decisiones políticas
y luego discutían con sus colegas radicales del aparato del partido. Miles de
activistas empezaron a distanciarse, en parte por el crecimiento del
clientelismo, en parte por las estructuras verticales que habían surgido y, en
gran parte, porque el partido se dedicó casi exclusivamente a la política
electoral. La mayoría de los observadores exteriores siguieron escribiendo
sobre el PT como si todavía fuera la organización “horizontal” de los
primeros años, confundiendo los debates entre las diferentes tendencias del
aparato de partido (izquierda, derecha y centro) con las asambleas populares
iniciales. En la elección de 1994 y con mayor intensidad a partir de entonces,
el PT se convirtió en un partido personalista organizado en torno a Lula
–como si éste fuese la encarnación de la Voluntad Popular– y a los barones
del partido en sus feudos de poder de los gobiernos estatales y municipales.
Cada vez más, los activistas voluntarios del partido fueron sustituidos por
funcionarios a sueldo, por políticos profesionales y por especialistas en
relaciones públicas encargados de las elecciones, creadores de imagen y
propagandistas televisivos. Se violaron reglas estrictas sobre la financiación
electoral conforme la cúpula buscó y aceptó fondos de contratistas estatales
para pagar el nuevo y caro estilo de las campañas electorales en los medios de
comunicación.
Ya
en el nuevo milenio, el partido estaba controlado por un pequeño núcleo de
consejeros y una pequeña elite de jefes, liderados por Ze Dirceu, que rodeaban
a Lula y alentaban su personalista dirección centralizada, cada vez más
autoritaria. Los programas ya no estaban abiertos a un debate serio. El programa
del partido, se dijo a todo el mundo, era lo que Lula quería para ser candidato
o, más tarde, para ganar la campaña. Lula decidió, con su círculo de
consejeros, establecer una alianza con el ala derecha del Partido Liberal sin
consultar con nadie, menos aún con las masas de la base, acerca de este cambio
estratégico. El mismo grupo impuso un nuevo programa social liberal a través
de su control de los funcionarios a tiempo pleno en el Congreso del Partido,
justo antes de las elecciones de 2002. La verticalidad personal se convirtió en
el sello del PT, en gran contraste con su estructura horizontal inicial.
El
cambio a estructuras autoritarias políticas facilitó el rechazo de las
restantes exigencias reformistas sociales de todo el PT. Lula y su pandilla
decidieron no apoyar el referéndum del ALCA, a pesar de que once millones de
brasileños participaron y más del 95 % votó en contra. Los neolulistas
consideraron el referéndum como una amenaza a sus alianzas con la derecha y, lo
que es más importante, a su acercamiento a la Casa Blanca de Bush. Conforme el
tradicional programa del PT iba siendo desechado y la apertura de Lula a la
derecha se hacía más profunda, sus consejeros proyectaron cada vez más la
imagen de Lula como el “hombre del pueblo”, el “norteño compasivo”, el
“presidente metalúrgico “. Lula representó a la perfección el doble papel
de neoliberal y “presidente trabajador”: a los favelados les daba
abrazos, lágrimas, apretones de manos y promesas. Al Fondo Monetario
Internacional le garantizó un superávit presupuestario para pagar a los
accionistas, el despido de empleados del sector público y la promoción de las
elites de la agroexportación.
El
PT, contrariamente a la mayor parte de los neolulistas, es un partido que aspira
a representar una alianza entre los grandes industriales y los intereses
agrarios nacionales y los banqueros de ultramar: espera conservar la lealtad del
mundo del trabajo mediante “pactos sociales” basados en acuerdos entre los
sindicatos y la patronal, que le permitan a ésta reorganizar el lugar de
trabajo, despedir obreros para disminuir los costos y aumentar el número de
trabajadores a tiempo parcial y con contratos cortos, a cambio de lo cual los líderes
sindicales recibirán una remuneración monetaria simbólica. El nombramiento de
miembros de la izquierda del PT como ministros de la Reforma Agraria y del
Trabajo está destinado a pacificar los sindicatos y el MST con una representación
simbólica, no sustancial. El trabajo de los ministros izquierdistas del PT
consiste en predicar la “paciencia” y pronunciar discursos radicales
inconsecuentes en las reuniones de trabajadores industriales y de trabajadores
sin tierra. Todos los ministros izquierdistas se enfrentan con presupuestos
limitados y una estrategia económica favorable a los negocios que minará
cualquier programa sustancial de reforma. Se ven obligados a suplicar a los
ministros económicos neoliberales dominantes cualquier aumento presupuestario
residual, empresa con pocas perspectivas de éxito. Algunos ministros
izquierdistas dimitirán, la mayor parte de ellos se adaptarán a la ortodoxia
liberal y optarán por lo que llamarán el “nuevo realismo” o el
“posibilismo”.
El
PT, como movimiento dinámico basado en el partido de los obreros y los
campesinos, está muerto. ¡Larga vida a los neolulistas y a su líder
paternalista!
La
campaña electoral y la política del régimen de Lula
El
pasado tuvo enorme importancia en el voto de las masas a favor de Lula y del PT;
el presente y el futuro, sin embargo, abren nuevas esperanzas para los banqueros
de ultramar y las elites nacionales. Estas dos percepciones e intereses,
distintos y polarizados, han de ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el
atractivo electoral de Lula entre la masas de desheredados y la política
favorable a los negocios que promovió después de su elección. Sus acuerdos y
sus pactos sociales durante la campaña electoral reflejaban la evolución del
PT a lo largo de la década anterior y presagiaron la política ortodoxa
neoliberal que adoptó inmediatamente después de la asunción del cargo.
Varios
factores claves durante la campaña electoral prefiguraron los nombramientos
ministeriales neoliberales y la política seguida por Lula después de su elección:
(1) los consejeros económicos y electorales; (2) la elección de aliados políticos;
(3) la naturaleza del programa socioeconómico; (4) el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional y (5) los compromisos con los dignatarios
estadounidenses, los banqueros e inversionistas extranjeros y las elites
industriales y agroexportadoras nacionales.
Un
pequeño núcleos de consejeros electorales, que conocían desde tiempo atrás
las cartas credenciales neoliberales de Lula, representó el papel principal en
el diseño de su campaña presidencial En efecto, Lula evitó todas las normas
democráticas y los estatutos del partido en la organización de su campaña,
incluido el proceso de selección del candidato a la vicepresidencia y la puesta
a punto del futuro programa. Tres consejeros destacan entre los demás: Antonio
Palocci, el antiguo alcalde del PT de Ribeirão Preto, una ciudad del estado de
São Paulo, quien coordinó la plataforma de la campaña del PT y estableció sólidos
vínculos con la elite de los negocios. Fue el portavoz principal en política
económica durante la campaña electoral y encabezó el equipo de transición
después de las elecciones. Palocci también estableció el acuerdo del PT con
el Fondo Monetario Internacional y fue el arquitecto de la ortodoxa austeridad
monetarista y fiscal de la política económica. Más tarde, Lula lo nombró
ministro de Finanzas. Como alcalde de Ribeirão Preto, Palocci se alió con la
elite local de los negocios y con los barones de azúcar (FT, 15 de
noviembre de 2002, pág. 3). Privatizó totalmente las empresas municipales
telefónicas y del agua y parcialmente el servicio municipal de transportes.
Aparte de algunos planes de vivienda a bajo precio, su política neoliberal fue
uniformemente negativa para los pobres. Los índices de criminalidad aumentaron,
y también lo hicieron las listas de espera en los hospitales locales. Al cabo
de siete años al frente de la ciudad, sólo el 17 % del agua residual pasa por
la depuradora. Igualmente, las taxas municipales sobre el agua y los impuestos
regresivos aumentaron y el fiscal de la república está investigando 30 casos
de corrupción municipal en relación con contratos de trabajos públicos. Como
consecuencia de la política reaccionaria de Palocci, Lula apenas obtuvo votos
populares en Ribeirão Preto (lo cual contrasta con sus 24 puntos de ventaja en
el ámbito nacional), resultado que probablemente se repetirá en la próxima
elección presidencial.
José
Dirceu, el ex presidente del PT, ha sido el consejero más influyente de Lula da
Silva durante casi una década. Fue el principal instigador de la transición
desde la socialdemocracia al neoliberalismo. Ha sido nombrado jefe del gabinete
y preside los asuntos diarios de la agenda presidencial, así como el poder
disciplinario sobre las autoridades del PT y los senadores, con vistas a
asegurarse de que votan a favor de la línea neoliberal en los nombramientos, la
legislación y las prioridades. Dirceu ya ha demostrado su mano dura cuando
amenazó con expulsar a la senadora Heloisa Helena por negarse a votar a favor
de Henrique Meirelles, el antiguo presidente del Banco de Boston, como director
del Banco Central, y del senador de la derecha José Sarney como presidente del
Senado.
El
tercer consejero cercano a Lula durante la campaña fue Marcos Lisboa, un
ortodoxo profesor liberal y leal monetarista. Según el diario brasileño Folha
de São Paulo (22 de diciembre de 2002), fue seleccionado por Palocci para
formular la estrategia económica de Lula. Forma parte de un amplio grupo de
neolulistas que se subieron al carro presidencial en las últimas semanas de la
campaña presidencial, cuando estuvo claro que Lula ganaría. Este círculo
interior está apoyado por otro círculo más amplio de senadores neoliberales,
gobernadores y alcaldes, que están profundamente aliados con los intereses del
mundo de los negocios y que promovieron la política de privatización.
Estos
consejeros claves, junto con Lula, decidieron las alianzas políticas para
promover la elección. La estrategia consistió primero en consolidar el control
del PT para asegurarse el apoyo de las grandes ciudades, concentrar el poder en
la cúpula y luego dar un giro neoliberal a la derecha para ganarse el apoyo de
las pequeñas ciudades y áreas rurales atrasadas y, lo que es más importante,
la financiación de los grandes capitales. Lula seleccionó a Alencar, del
Partido Liberal, como candidato a la vicepresidencia, lo cual le sumó el apoyo
de de una minoría sustancial de grupos brasileños de negocios y de grupos
evangélicos de la derecha que apoyan Alencar, que es uno de los más ricos
capitalistas textiles del país y poco amigo de los sindicatos, sobre todo de
los de sus propias fábricas.
A
pesar de que la izquierda del PT se opuso verbalmente, terminó por tragarse las
decisiones de Da Silva, ya que no le quedaba más remedio ni tenía
posibilidades de cambiar la selección, puesto que estas cuestiones nunca se
debatieron fuera del círculo de Lula. Dirceu, Palocci y sus aliados regionales
del partido, pasaron después a establecer pactos políticos con partidos de
centro derecha y de derecha, en los diferentes estados del país. En algunos
casos, los pactos de la dirección nacional con la derecha debilitaron a algunos
candidatos locales del PT, con la consiguiente pérdida de varios cargos de
gobernador. Lo que está claro en estas alianzas electorales con partidos de la
derecha es que no fueron maniobras “oportunistas” o tácticas simplemente
electorales. Más bien estas alianzas coincidieron con la ideología neoliberal
del círculo de Lula y de los sectores claves de los representantes del Congreso
del PT. Los nuevos aliados de la derecha, más los neolulistas recientemente
reclutados en el PT, sirvieron como contrapeso frente a la izquierda del
partido, reduciendo aún más su influencia en éste y en el gobierno. Esto se
hizo evidente con respeto a dos acontecimientos importantes durante la campaña:
el programa del PT y su pacto con el Fondo Monetario Internacional.
Lula
y su equipo neoliberal hicieron un esfuerzo constante y coherente para demostrar
sus cartas credenciales neoliberales a varios grupos claves, incluidos Wall
Street, la Administración de Bush, el Fondo Monetario Internacional y los
principales bancos brasileños y elites industriales. Palocci fue un puente
clave en todas estas negociaciones.
El
programa electoral del PT respondió a todas las preocupaciones principales de
las elites financieras e industriales. Las empresas privatizadas serían
respetadas. El pago de la deuda externa no se interrumpiría. Se establecería
una rígida política fiscal. La “reforma” laboral y de las pensiones serían
prioritarias (reforma = debilitamiento de los derechos sindicales y de la
legislación industrial, así como reducciones de las pensiones del sector público).
No habría ninguna indexación salarial, pero sí de los bonos y de los pagos de
la deuda.
El
programa del PT fue una clara continuación de la desastrosa política
neoliberal del presidente saliente Cardoso y, en algunos casos, incluso una
radicalización de su agenda liberal.
Para
mejor demostrar su ortodoxia liberal a los banqueros y al equipo de los
industriales, Lula estableció un pacto con el Fondo Monetario Internacional sólo
unas semanas antes de su victoria electoral. A cambio de asegurarse un préstamo
de treinta mil millones de dólares US a lo largo de un período de cuatro años,
aceptó adherirse estrictamente a todas las condiciones típicamente retrógradas
del FMI. Una vez en el poder, Da Silva fue incluso más allá de estas ásperas
medidas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluía las típicas
medidas recesionistas para controlar la inflación mediante la renuncia a la
estimulación del crecimiento con inyecciones de capital, la aceptación del
desastroso programa de privatizaciones iniciado por el presidente saliente
Cardoso y un objetivo de superávit presupuestario (por encima del pago de
intereses) del 3,75 % del producto nacional bruto, lo cual garantizaba por
adelantado que pocos o ningún fondo estarían disponibles para cualquiera de
las promesas de “pobreza cero” que había hecho Lula, por no hablar de la
financiación de una reforma agraria general.
Lula
designó a Henrique Meirelles, un ex presidente de un banco de inversión
multinacional estadounidense (Fleet Boston Global Bank), como director del Banco
Central. Meirelles había apoyado la ortodoxa agenda neoliberal de Cardoso y
admitió haber votado a José Serra, el oponente de Lula en la elección
presidencial. El Ministerio de Finanzas está en manos de Antonio Palocci,
ortodoxo neoliberal y miembro de la extrema derecha del PT. Luiz Fernando Furlan,
el millonario presidente de la compañía agrícola Sadia, fue designado jefe
del Ministerio de Desarrollo y Comercio. Robert Rodriguez, presidente de la
Asociación de la Agroindustria Brasileña y gran partidario de las cosechas genéticamente
modificadas, fue seleccionado para el Ministerio de la Agricultura (FT,
17 de diciembre de 2002, pág. 3). Como portavoz de los grandes gigantes
multinacionales de productos de consumo, Rodriguez tiene lazos con Monsanto, el
grupo internacional agrícola y de biotecnología comprometido en una larga
batalla para permitir las ventas de semillas de soja genéticamente modificadas.
El equipo económico lulista de ideólogos neoliberales y millonarios perfiló
esta agenda favorable a los grandes capitales incluso antes de la toma de posesión
del cargo. Desde el principio, estuvo claro que las expectativas populares de
los cincuenta y dos millones de ciudadanos que votaron a favor de Lula y de los
200.000 que aclamaron su intronización se verían defraudadas una vez que el
equipo económico comenzó a aplicar la agenda de Fondo Monetario Internacional.
Lula amplió la influencia de la derecha al nombrar a Gilberto Gil, partidario
de Cardoso, como ministro de la Cultura, y a Cristovan Buarque, el antiguo
gobernador de Brasilia por el PT y partidario de las privatizaciones, como
ministro de la Educación. Celso Amorin, el ex embajador de Cardoso en los EE.UU.,
pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores. Para pacificar el centro izquierda
del PT, Lula envió a un cierto número de funcionarios a ministerios que serán
en gran parte impotentes, a causa de las rígidas políticas monetarias y
fiscales impuestas por el equipo económico. Al enviar a la izquierda a los
ministerios marginales, Lula espera neutralizar las tensas relaciones populares
y mantener la ilusión entre los líderes de los movimientos sociales de que el
suyo es un régimen “equilibrado”. Para los siete sindicalistas, cuatro
mujeres y dos negros en el gabinete, este ascenso contrarresta su preocupación
ante las políticas neoliberales. Para asegurar que la política neoliberal se
pone en práctica, Lula da Silva está proponiendo una enmienda constitucional
que hará que el Banco Central sea más sensible a los inversionistas
extranjeros y a los banqueros al independizarlo de la legislatura nacional y del
presidente.
De
forma paralela al nombramiento de grandes capitalistas en el gabinete, el equipo
interno formado por Paolucci, Dirceu y sus consejeros económicos se apresuró a
demostrar su lealtad al imperialismo estadounidense, a las grandes compañías
de inversiones y a la elite brasileña industrial. Entre la elección de Da
Silva y su toma de posesión, sus consejeros neoliberales aseguraron a los EE.UU.
que el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) era negociable. Tres
semanas después de la elección de Lula, Peter Allgeier, representante
comercial de los Estados Unidos, declaró que “vamos a negociar las cuestiones
comerciales con la nueva administración (de Da Silva) en la Organización
Mundial del Comercio, en el Alca y de manera bilateral. He sacado una muy buena
impresión tras hablar con la gente que rodea al nuevo presidente” (FT,
22 de noviembre de 2002, pág. 4). Inmediatamente después de la elección, el
equipo empezó a establecer estrechos lazos económicos con el imperialismo
estadounidense, algo que pasó inadvertido para muchos intelectuales brasileños
de izquierda, como Emir Sader, quien siguió elogiando la política exterior
nacionalista de Lula (Punto Final, diciembre de 2002, pág. 2). Unas
semanas antes de su discurso inaugural, Da Silva se reunió con Bush en
Washington, donde ambos líderes se pusieron de acuerdo para una cumbre
comercial durante la primavera de 2003. Además, Da Silva también se reunió
con el representante comercial de los Estados Unidos Robert Zoellick para
discutir la forma en que los codirectores de las negociaciones sobre el ALCA
podrían apresurar su implementación (FT, 22 de enero de 2003, pág.
12). La posición del régimen favorable al ALCA y a los EE.UU. se hizo evidente
cuando Da Silva rechazó apoyar los referendos sobre el ALCA y sobre la base
estadounidense en Alcantara, en el estado de Maranhão, a pesar de los más de
diez millones de participantes. La decisión de Lula de ignorar al 95 % de los
votantes que se opusieron al ALCA y a la base estadounidense y de establecer una
mayor subordinación inmediatamente después de las elecciones, es indicativa
del masivo engaño perpetrado por su campaña electoral. Conforme se acercaba la
intronización de Lula, el núcleo neoliberal que controla el gobierno dejó
bien claro que la austeridad presupuestaria y los tipos elevados de intereses
tendrían prioridad sobre la reducción de la pobreza y las iniciativas de
desarrollo.
Incluso
si gran parte de los izquierdistas del PT tenían dudas sobre la alianza de Lula
con la derecha dura neoliberal y sobre los pactos electorales con el ex
presidente José Sarney y con el antiguo gobernador de São Paulo, el corrupto
Orestes Quercia y con Paulo Maluf, siguieron describiendo el régimen de Lula
como un gobierno “en permanente disputa y tensas relaciones”, sin dirección
fija. Cegados por la presencia de antiguos izquierdistas en puestos
ministeriales marginales, pasaron por alto los profundos lazos estructurales y
políticos de los responsables de la política económica y exterior.
Lula
hizo todo lo posible para agradar a Bush, criticó públicamente a los
presidentes Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba antes de su discurso
inaugural. El discurso de inauguración de Da Silva fue una obra maestra de
duplicidad, destinado a lograr que sus partidarios de las clases inferiores
bailasen en las calles y a asegurar a los banqueros extranjeros que su régimen
les era favorable. El discurso de Lula habló de “cambios”, de “nuevos
caminos”, de “agotamiento de un modelo (neoliberal)”, que luego matizó al
hablar de “un proceso gradual y continuo”, basado en “la paciencia y en la
perseverancia”. Más tarde, habló del “hambre cero” como prioridad de su
gobierno. Habló de reforma agraria y de desarrollo del mercado interno, pero
también salió en defensa de las elites de la agroexportación y del libre
comercio y contra el proteccionismo y las subvenciones. Después de haber
nombrado a los neoliberales más rígidos en los puestos económicos claves, no
le será posible tomar un “nuevo camino”. Tras acordar la austeridad
presupuestaria con el Fondo Monetario Internacional no le será posible
financiar nuevos puestos de trabajo ni lograr el “hambre cero”. Al
establecer como prioridad las medidas antiinflacionistas diseñadas por el Fondo
Monetario Internacional, Lula no podrá de ningún modo bajar los tipos de interés
para promover el mercado interno.
El
doble discurso se basó en una sola práctica, la de continuar y profundizar ese
mismo modelo que denunció como productor de estancamiento y hambre. Una vez en
su puesto, Lula no tardó en demostrar la vaciedad de sus promesas de ayuda
social.
El
Presidente da Silva en el poder: el neoliberalismo hasta sus últimas
consecuencias
Los
miembros neoliberales nombrados por Lula da Silva para posiciones económicas
estratégicas establecieron el marco estratégico para la formulación de una
política macroeconómica, microeconómica y social. Para entender lo sucedido
desde que Da Silva tomó posesión de su cargo, es esencial que se entienda la
filosofía subyacente que dirige su régimen y que se dejen de lado sus
teatrales payasadas ante las masas y sus gestos populistas, destinados a la
pacificación de los pobres, de los movimientos sociales y de los miembros
disidentes del PT.
La
filosofía operacional del régimen del PT tiene varios postulados claves: (1)
Brasil vive una crisis que sólo se puede remediar mediante una política de
austeridad promovida por las instituciones financieras internacionales para
asegurar nuevos flujos de préstamos e inversiones extranjeras, identificados
como los principales vehículos para el desarrollo (FT, 16 de enero de
2003, pág. 2); (2) Brasil sólo podrá crecer si proporciona incentivos a los
grandes capitales nacionales, al capitalismo agrario y a las multinacionales
extranjeras (véase Lula en Davos, FT, 27 de enero de 2003, pág.
2). Estos incentivos incluyen la baja de los impuestos, la reducción de las
ventajas sociales laborales y el reforzamiento de las posiciones de la patronal
en sus negociaciones con el mundo del trabajo; (3) el libre mercado, con mínima
intervención estatal, regulación y control, es esencial para solucionar los
problemas del crecimiento, el paro y las desigualdades. La tarea principal del
equipo económico de Da Silva consiste en promover las exportaciones brasileñas
a los mercados extranjeros, por encima y contra el mercado interior, así como
presionar a los EE.UU. y a Europa para que liberalicen sus mercados (FT,
16 de enero de 2003, pág. 2); (4) el crecimiento resultará de la estabilidad
de los precios, de los flujos de capital extranjero, de una rígida política
fiscal y, por encima de todo, del pago estricto de la deuda pública y externa,
de ahí la necesidad de reducir los presupuestos de gobierno, en particular los
sociales, de acumular las sumas excedentarias para pagar la deuda y de controlar
la inflación. Una vez que se alcance la estabilidad (la “amarga medicina”),
la economía mejorará en un mercado en crecimiento conducido por la exportación,
que financiará los programas para aliviar el hambre de los pobres. Los gastos
sociales “prematuros”, el aumento del salario mínimo, los programas para
aliviar la pobreza y la reforma agraria “desestabilizarían” la economía,
socavarían la “confianza del mercado” y profundizarían la crisis,
empeorando las cosas (Tiempos del Mundo, República Dominicana, 20 de
febrero de 2003, pág. 7).
Estas
asunciones filosoficodoctrinarias neoliberales de la política económica de Da
Silva proporcionan la base para el análisis y la crítica. En primer lugar,
consideraremos la reciente experiencia histórica de Brasil para evaluar críticamente
estas asunciones teóricas y, luego, regresaremos a la particular política
propuesta o implementada por el régimen de Da Silva y evaluaremos su probable
impacto sobre el desarrollo económico, las desigualdades de clase y la ayuda
social.
Da
Silva, tanto según la filosofía neoliberal que dirige su equipo económico
como según las prácticas económicas reales, representa la continuidad, la
extensión y la profundización de la desastrosa política neoliberal seguida
por el régimen de Cardoso. En lo tocante a las principales cuestiones políticas
y económicas, al pago de la deuda, al mercado libre, a las privatizaciones y al
monetarismo, el régimen de Da Silva continúa la fracasada política del régimen
de Cardoso (FT, 20 de diciembre de 2002, pág. 2). Esta política llevó
a ocho años de estancamiento económico, a profundas desigualdades sociales, a
un aumento de la deuda y a un colapso casi completo del sistema financiero,
dependiente casi por completo de los volátiles flujos externos del capital
especulativo. La política económica de Da Silva amplía la agenda liberal con
su pretensión de reducir las pensiones de los trabajadores asalariados de
incrementar las partidas presupuestarias destinadas al pago de la deuda. Además,
sobrepasa a Cardoso en sus recortes del gasto social. Si consideramos que el régimen
de Cardoso fue neoliberal ortodoxo, el de Lula sería neoliberal talibán.
La puesta en práctica del dogma neoliberal
Si algo cabe decir acerca del equipo económico de Da Silva es que no ha
perdido tiempo en cumplir las promesas hechas a los fondos de inversión, a los
banqueros internacionales y a las elites industriales locales antes de tomar
posesión. No ha habido compromiso (FT, 24 de enero de 2003, pág. 2)
entre las expectativas de mejora social de cincuenta y dos millones de votantes
y los compromisos adquiridos con las elites económicas. No son muchos los
gobiernos de la antigua izquierda que hayan pasado a asumir y a aplicar un
programa de derechas tan rápida y decisivamente como el del régimen de Da
Silva.
Presupuesto
De acuerdo con las demandas de FMI y de las elites económicas, el régimen
de Da Silva recortó el presupuesto en 3,9 millardos de dólares US (FT,
11 de febrero de 2003, pág. 66; La Jornada, 11 de febrero de 2003).
Entre los tijeretazos estaba el de la reducción del salario mínimo, desde el
prometido, 69 dólares US, a 67 dólares US a partir de mayo de 2003, cinco
meses después de llegar al poder. Dado el acusado repunte de la inflación,
quedará por debajo del mísero nivel del régimen anterior de Cardoso. De los
3,9 millardos de dólares US, más de 1,4 procederán de las partidas de gasto
social. Un análisis más detallado revela que estos recortes afectarán los
programas de alimentación, educación, seguridad social, trabajo, desarrollo
agrícola, ciudades y promoción social. En conjunto, los recortes en programas
sociales suman el 35,4 % de la reducción total. Incluso el tan publicitado
proyecto estrella del “hambre cero” sufrió un recorte de 10 millones de dólares
US y ha quedado reducido a tan sólo 492 millones para atender a los 40 millones
de brasileños desnutridos. Esto significa que los fondos asignados a los
hambrientos se quedan en 10 dólares por cabeza y año, es decir, en 0,85 dólares
mensuales o 2,5 centavos diarios. El objetivo de los recortes, entre ellos los
del gasto social, consiste en incrementar el superávit para poder hacer frente
a los pagos de la deuda y del FMI. Los talibanes neoliberales de Da Silva
llevaron el superávit del 3,75 % del PIB, tal y como se acordó con el FMI en
tiempos de Cardoso, al 4,25 % en febrero de 2003 bajo el liderazgo de un
“presidente popular” que fue obrero metalúrgico. Dicho de otra manera, Da
Silva incrementó la partida destinada al pago de la deuda desde 17 millardos de
dólares US a 19,4, casi el 14 %. Los 2,4 millardos de diferencia fueron una
transferencia directa de los fondos destinados a programas sociales a los
poseedores de bonos, tanto nacionales como extranjeros. Da Silva asignó a los más
ricos los fondos que correspondían a los más pobres y a las clases medias y
trabajadoras.
La política presupuestaria de Da Silva contribuirá a aumentar las
infames desigualdades brasileñas, no a reducirlas. Los gestos de Lula para la
galería, pidiendo perdón a los pobres que lo votaron por administrarles
semejante dosis de “amarga medicina”, seguramente no cosecharán mucha
simpatía entre los millones de trabajadores que reciben el salario mínimo y
que verán reducidos sus magros salarios a la vez que se recortan los servicios
públicos. Cabe esperar que el recorte del gasto público no sólo no dinamice
la economía sino que, probablemente, acentúe la recesión.
Mercados libres
Tanto Da Silva como Palocci, su ministro de Hacienda, han rechazado
cualquier tipo de medida proteccionista, han buscado ampliar el programa
privatizador y se han negado a corregir los peores abusos de las empresas
privatizadas. Palocci defiende las regulaciones internacionales (las políticas
de la OMC) como instrumento para atraer la inversión extranjera, rechaza el
poner a la industria local al amparo de una legislación proteccionista y
privilegia al capital foráneo en el proceso de adjudicación de contratos públicos.
Palocci sostiene que “Brasil no desea cerrarse, sino navegar por los mares
abiertos del mercado global” (FT, 16 de enero de 2003, pág. 2). Así,
rechazó cualquier tipo de intervención estatal en que se usasen fondos públicos
para estimular la demanda interna entre millones de brasileños empobrecidos,
por considerarlos “mecanismos artificiales”. “Al generar las condiciones
apropiadas, las fuerzas del mercado incrementarán la renta y la productividad
de las empresas”, sostiene el zar económico de Da Silva. Este talibán del
neoliberalismo omite muy convenientemente que han sido precisamente las
“fuerzas del mercado” las que, durante los últimos cien años de expansión
capitalista, han dado lugar a la pobreza generalizada en Brasil y han creado la
sociedad más desigual del mundo.
Palocci, con la total aquiescencia del presidente da Silva y del resto
del equipo económico, anunció la privatización de cuatro bancos estatales, la
“privatización” del Banco Central (bajo el pretexto de ampliar su autonomía
frente a los poderes representativos) y la preparación de una ley que garantiza
al capital extranjero el control absoluto de un sector sustancial de la
industria brasileña de las telecomunicaciones. Cuando AES, una compañía eléctrica
estadounidense, no satisfizo ciertos pagos relacionados con la compra de
Electropaulo, una distribuidora de electricidad de São Paulo, el equipo económico
de Da Silva se negó a renacionalizar a la compañía, y ello a pesar de lo
patente de su mala gestión económica (FT, 26 de febrero de 2003, pág.
15).
El dogmatismo acerca de las virtudes del capital extranjero como motor de
desarrollo impide al régimen de Da Silva ver el grado de vulnerabilidad y
precariedad al que someten a Brasil al subyugar su crecimiento al capricho del
capital financiero internacional. Por ejemplo, en la última semana de enero de
2003 la moneda brasileña, el real, se devaluó un 10 %, con lo que perdió todo
lo que había avanzado durante las tres semanas anteriores. El diferencial de
los tipos de interés de los bonos brasileños con respecto a los de EE.UU.
aumentó en dos puntos, hasta el 14 %. La austeridad nacional y las
declaraciones de fidelidad a los principios neoliberales no bastaron para
compensar el efecto de ciertas tensiones internacionales. De hecho, al adoptar
una política neoliberal y ahondar en su dependencia financiera, Brasil quedará
condenado a aplicar constantemente medidas de austeridad, una tras otra, de
manera indefinida. Así, se esperan recortes adicionales en el presupuesto de
2003 para afrontar las consecuencias de la incertidumbre debida a la guerra
sobre los mercados financieros (FT, 29 de enero de 2003, pág. 2). El
banco central tendrá que subir aún más los tipos de interés para atraer
capital especulativo, en detrimento de la industria nacional y de los
agricultores. En éste, como en el resto de los capítulos de la política económica,
Da Silva se ha cambiado la chaqueta: durante las elecciones, prometió bajadas
en los tipos de interés. Pero, pocos días después de asumir el poder, el
Banco Central los subió desde el 25 % al 25,5 % y, un mes más tarde (el 19 de
febrero de 2003), los llevó hasta el 26,5 %, eliminando así cualquier
posibilidad de recuperación económica o de incremento de la inversión
nacional.
Precios
La política de Da Silva en materia de salud y consumo es una
consecuencia directa de su fidelidad al dogma neoliberal y justo la contraria de
la que espera su base electoral popular.
El régimen aprobó nuevos incrementos en las tarifas de las empresas de
servicios en manos privadas, haciendo así repercutir todavía más su coste
sobre los más pobres (FT, 18 de febrero de 2003, pág. 4). En febrero,
Da Silva eliminó los controles de precios que afectaban a 260 productos farmacéuticos
y prometió levantar los de 3.000 medicinas en junio de 2003.
En un acto casi farandulario para compensar el declive del nivel de vida,
Da Silva prometió instalar 4.200 ordenadores para los pobres y darles diez
minutos de tiempo gratuito diariamente. Dada la disminución en términos reales
de los salarios y el incremento potencial del descontento, Lula se está
asegurando ahora la lealtad de la policía al concederle incrementos salariales
del 10 %.
Pensiones
El
régimen de Da Silva, fiel al FMI, identifica las pensiones como la fuente del déficit
fiscal. Soslayando la evasión fiscal de los potentados, las subvenciones y los
incentivos fiscales a largo plazo para las multinacionales, como el verdadero
neoliberal que es, Da Silva propone la reducción generalizada de las pensiones,
en especial las de los funcionarios públicos. Usando como excusa el caso de
unos cuantos funcionarios de alto rango que disfrutan de pensiones
desproporcionadas, Da Silva está decidido a equiparar las de todos los
funcionarios a las bajísimas del sector privado. En un ejercicio de charlatanería,
presenta su plan de reforma de las pensiones como una batalla en pro de la
igualdad, siendo así que el reducir las pensiones al nivel de las del sector
privado es repartir la miseria, mientras que cualquier tipo de medida
igualitaria y progresista tendería a incrementar las pensiones bajas. Se espera
que así se ahorren miles de millones de dólares, que acabarán financiando una
rebaja impositiva para la elite industrial. La política en materia de
pensiones, probablemente va a agravar las desigualdades, empobreciendo a los
pensionistas y enriqueciendo a la elite industrial.
Por
eso, no debe sorprender que Da Silva recibiese el atronador aplauso de los
supermillonarios en Davos. Caio Koch Weser, la Secretaria de Estado de Hacienda
alemana, dijo de Da Silva: “La clave reside en el ímpetu que la enorme
credibilidad del presidente imprime a las reformas (neoliberales)” (FT,
27 de enero de 3003, pág. 2).
El
que Da Silva apele deliberadamente a sus orígenes obreros para promover la política
que conviene a las elites económicas hace las delicias de los astutos
financieros de una y otra orilla del Atlántico.
ALCA
e imperialismo estadounidense
Ha
habido movimientos populares de protesta contra el ALCA por toda Iberoamérica.
Millones de campesinos de México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Brasil
han bloqueado carreteras y exigido que sus gobiernos rechacen el ALCA. En Brasil
se planteó un referéndum en el año 2002, con el apoyo del MST, de sectores
progresistas de la iglesia, de la Confederación Central del Trabajo (CUT) y de
todos los partidos de izquierda, excepto el PT. De los más de diez millones de
personas que participaron en él, más del 95 % votó contra el ALCA y contra la
base militar de los EE.UU. en el norte de Brasil. Da Silva no sólo no participó,
sino que prohibió que el PT lo hiciese. Una vez elegido, desoyó a los 10
millones de votantes contra el ALCA y aceptó entrar en negociaciones con los
EE.UU. para consumar dicho acuerdo comercial.
El
ALCA es un tratado comercial integral y radical que, de llegar a implementarse,
transferiría todo poder decisorio en materia de comercio, inversión y otras
políticas económicas a una comisión dominada por los EE.UU. y, probablemente,
radicada en dicho país, que supervisaría la privatización y el paso a manos
estadounidenses del resto de las empresas públicas lucrativas en los sectores
del petróleo, el gas y otras industrias estratégicas. En un discurso en el
National Press Club de Washington, Da Silva abogó por la creación de un
acuerdo comercial para el continente americano entero. Prometió avanzar en lo
referente al ALCA y se declaró entusiasmado acerca de su relación con el
presidente Bush. “Mi impresión de Bush es inmejorable” (FT, 11 de
diciembre de 2003, pág. 5). La principal preocupación de Da Silva y de su
equipo económico acerca del ALCA tiene que ver con la reducción de las
barreras comerciales para los grandes exportadores agrarios de Brasil. El apoyo
que el “presidente de los trabajadores” brinda al presidente más agresivo y
militarista de los EE.UU., que ha llevado a cabo una guerra genocida contra Irak
y prepara el derrocamiento militar del gobierno democráticamente elegido del
presidente venezolano Hugo Chávez, es prueba de que el eje de la política
brasileña se basa ahora más que nunca en el servilismo. Tal como han
demostrado tantos economistas críticos, el ALCA destruirá las empresas agrícolas
familiares y la agricultura campesina, incrementará el número de campesinos
sin tierra, el hambre y la emigración masiva hacia las favelas y reducirá
a la nada el programa del “hambre cero” de Da Silva. Los ridículos repartos
de ayuda puntual de emergencia que planea Da Silva no compensarán a los
millones de nuevos pobres y desheredados que producirá su fidelidad al dogma
político neoliberal. Da Silva anunció que su programa de “hambre cero” era
“mucho más que una donación de alimentos en casos de urgencia, porque busca
atacar las causas del hambre, dar peces y enseñar cómo pescar” (FT,
31 de enero de 2003, pág. 2). En lugar de eso, con el ALCA, Da Silva atacará a
los pobres, no al hambre, y afianzará sus causas en lugar de socavarlas.
Al
tratar de estrechar relaciones con el presidente Bush, el ministro de Asuntos
Exteriores Celso Amorin intentó inmiscuirse en el conflicto venezolano. Amorin
se ofreció para mediar en el conflicto entre el presidente constitucional Chávez
y el autoritario movimiento proestadounidense, la peculiar “coordinadora
democrática”, organizando un grupo de naciones denominado “amigos de
Venezuela”. Entre dichos supuestos “amigos” se encontraban España y los
EE.UU., países ambos que apoyaron el fallido golpe de estado del 11 de abril de
2002 contra Chávez. También se encontraban los regímenes neoliberales de
Chile, México y Portugal y, por supuesto, Brasil. El presidente Chávez, que
acabó enterándose de la trampa de Amorin, solicitó la inclusión de algunos
otros países. Da Silva y Amorin rehusaron y la conspiración brasileña en pro
de la oposición apoyada por los EE.UU. quedó en papel mojado. Chávez invitó
a los “países amigos” y a sus patrocinadores brasileños a abstenerse de
intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Pero esto no fue obstáculo
para que Amorin declarase que el régimen brasileño estaba dispuesto reunirse
con los golpistas venezolanos (La Jornada, 22 de enero de 2003).
Reforma
agraria
La
pobreza, el hambre y el desempleo más graves se aglutinan en el Brasil rural.
El principal problema es la gran concentración de la propiedad de la tierra en
manos una pequeña elite, mientras que 4,5 millones de campesinos y jornaleros
carecen de ella. Desde 1983, el Movimiento de los Sin Tierra, el MST, ha ocupado
grandes propiedades con sacrificio y disciplina y las ha repartido entre 350.000
familias. Hasta finales de los años noventa, Da Silva prometió una reforma
agraria en caso de ser elegido. Durante su campaña electoral, sin embargo, le
exigió al MST que se abstuviese de ocupar tierras y éste obedeció
por primera vez en su historia. Al prometer en sus discursos electorales que haría
caer el peso íntegro de la ley sobre quienes llevasen a cabo “ocupaciones
ilegales de tierras”, es decir, de las que quedasen fuera de su proyecto de
reforma agraria, trató de granjearse el apoyo de los partidos de derecha que
amparan a los terratenientes. Da Silva mantuvo un sospechoso silencio acerca del
alcance y profundidad de la reforma agraria que prometía. Una vez elegido,
anunció que en el año 2003 se iban a repartir 200.000 hectáreas de tierra
entre 5.500 familias.
El
objetivo de Da Silva se quedaba en la décima parte de lo logrado durante el
anterior régimen neoliberal del presidente Cardoso y en la veinteava parte de
lo que el MST esperaba del “presidente popular”. Al ritmo propuesto Da
Silva, se necesitarían mil años para asignar tierras a los 4,5 millones de
familias sin tierras que existen en la actualidad, mientras que las que fueran
apareciendo después, un múltiplo de estos 4,5 millones, se quedarían si nada.
Desde el poder, Da Silva ha continuado la vieja política reaccionaria del
desahucio violento de los ocupantes ilegales de las tierras improductivas. Su
ministro de Agricultura, de izquierda, anunció nuevos planes que deberían ser
revelados en la segunda mitad del año 2003.
Hay
algunas cosas claras. La política agraria de Da Silva representa un enorme paso
atrás. Desde el punto de vista de la política agrícola, su régimen se ha
entregado completamente al gran terrateniente y a las elites de la agricultura
de exportación. Su política ahondará las profundas desigualdades en el campo
y hará prender la chispa del descontento. Lo más probable es que esto
desencadene choques sangrientos entre los campesinos sin tierra, que aspiran a
ella, y el brazo armado de la política de ley y orden de Da Silva, la policía
militar. Sin duda alguna Da Silva derramará alguna lágrima y volverá a pedir
perdón por los campesinos muertos, mientras continúa su asociación con sus
nuevos aliados del ALCA.
Política
laboral: “reformas” que benefician a la patronal
Lo
importante al proceder al análisis de un líder político no es tanto su origen
como hacia dónde se dirige; tampoco su antiguo entorno, sino sus aliados
presentes y futuros. Los observadores políticos han errado en sus análisis
sobre Da Silva porque se centran en su pasado remoto y en sus antiguos camaradas
sindicales, sin prestar atención a su actual camarilla de banqueros
neoliberales, empresarios y aliados imperialistas. Cuando Da Silva propuso un
pacto social entre los trabajadores, la patronal y el gobierno con objeto de
supuestamente mejorar el país, designó un Consejo para el Desarrollo Socioeconómico,
encargado de formular recomendaciones. La composición y las prioridades del
consejo hicieron patente el sesgo de Da Silva en contra de la clase trabajadora
y favorable a la patronal. De sus 82 miembros, 41 son empresarios y 13
sindicalistas, una proporción de más de tres contra uno a favor de los
patronos. Su propósito consiste en discutir una reforma fiscal, que reducirá
los impuestos a las empresas, y una reforma de la Seguridad Social, que rebajará
las transferencias a trabajadores, pensionistas y otros beneficiarios. Al ser
acusado de primar a la clase empresarial, Da Silva defendió de pleno su sesgo
favorable a los empresarios sosteniendo el carácter apolítico y meritocrático
de sus nombramientos y acusando a sus críticos de nepotismo. “Este
consejo”, sostuvo Da Silva, “no es un grupo de amigos. No estoy interesado
en conocer la afiliación política [sic] de sus miembros o por quién
votaron. Lo que nos interesa es su capacidad, competencia, talento y
conocimiento para obrar por su país” (Tiempos del Mundo, República
Dominicana, 20 de febrero de 2003, pág. 7). Da Silva omite convenientemente de
qué manera el obrar por su país de dichos empresarios desinteresados ha dado
lugar a las mayores desigualdades sociales del mundo y pasa por alto de forma
deliberada los intereses clasistas de la elite económica, precisamente porque
son sus aliados estratégicos en su empeño por aplicar políticas neoliberales
ortodoxas. Da Silva y todos sus principales consejeros económicos se han
apoyado constantemente en sus aliados neoliberales, dentro del PT, y de la
derecha, fuera de él, para sacar adelante políticas antipopulares contrarias a
los intereses de la clase trabajadora. Da Silva ordenó a los senadores que
votaran por José Sarney, el presidente anterior, de marcadas tendencias
derechistas, como presidente del Senado (FT, 3 de febrero de 2003, pág.
4). Sarney es un partidario entusiasta de la “reforma” laboral de Da Silva.
Las
alianzas con la derecha de Da Silva ya han enredado a su régimen en un escándalo
importante. A finales de febrero, se probó que Antonio Carlos de Magalhães, el
derechista senador por Bahía, había procedido a escuchas telefónicas a más
de 200 congresistas, senadores y otras importantes figuras políticas. Dicho
senador apoyó a Da Silva durante la campaña presidencial y estaba considerado
como un aliado estratégico en la tarea de sacar adelante en el ámbito
legislativo su programa neoliberal, reforma laboral incluida. Ante la protesta
de numerosos diputados, el presidente Da Silva y su camarilla interna de
consejeros ordenaron a sus diputados del PT que votasen contra de la creación
de una comisión de investigación, que dañaría gravemente la imagen del
“presidente popular honrado y transparente”.
La
reforma laboral de Da Silva busca debilitar los sindicatos, socavar los derechos
constitucionales de los trabajadores y reducir los costes laborales para
aumentar los beneficios de la patronal con la excusa de querer incrementar la
competitividad de las exportaciones. Sus propuestas incluyen la eliminación de
las transferencias de los capitalistas del sector privado a los sindicatos y la
abrogación de los pagos obligatorios de gastos sindicales. Otras proponen
permitir a los capitalistas establecer contratos de trabajo al margen de los
beneficios laborales legalmente vigentes (FT, 26 de noviembre de 2002).
El antiguo obrero metalúrgico perjudica a sus compañeros de trabajo y
recompensa el apoyo electoral que le brindó el CUT al convertir en prioritarias
las principales demandas de la patronal en sus propuestas legislativas.
El
mecanismo empleado por Da Silva consiste en cortejar a los jefes burocráticos
del CUT ofreciéndoles puestos y salarios como consejeros en su régimen. El
presidente del CUT, João Felicio, que es uno de tales burócratas, afirmó:
“Nosotros [sic] observamos las reformas con cierta satisfacción,
aunque tengan que ser negociadas y aplicadas gradualmente”. El secretario
nacional de política sindical del PT, Hergurberto Guiba Navarro, indicó
claramente el propósito de la reforma laboral: “Vamos a emprender una amplia
reforma y muchos sindicatos van a desaparecer” (FT, 26 de noviembre
del2003, pág. 8).
Dado
el empuje que Da Silva imprime a la ortodoxa política ultraneoliberal y a la
servidumbre de los líderes del CUT, a nadie le sorprende que la principal línea
de oposición obrera se articule en torno al sindicato Forza Sindical (FS), de
tendencias moderadamente derechistas. En marzo, los trabajadores del metal
afiliados a FS organizaron una huelga en protesta por la pérdida de nivel
adquisitivo. El FS encabeza la lucha por la reducción de la jornada laboral
desde 44 a 40 horas semanales, el aumento de las compensaciones por despido, la
extensión de la cobertura por desempleo desde 5 a 12 meses y el reconocimiento
legal de la representación de los trabajadores en determinados estamentos
empresariales. El régimen de Da Silva está rotundamente en contra de todas las
demandas del FS a causa de su carácter inflacionista y amenaza con tomar
medidas represivas contra lo que tacha de demandas de tipo político, la vieja
cantinela de todos regímenes de derecha anteriores, preámbulo de la acción de
las porras policiales sobre las cabezas de los trabajadores.
Impuestos,
salarios, y empleo
Desde
su llegada al poder, el régimen de Da Silva está tratando por todos los medios
de reducir los impuestos de las empresas, en especial las del sector industrial,
y de aumentar en un 27 % los del trabajo. Sus regresivas políticas fiscales,
cuando se trata de las bajadas, dicen aplicarse en aras de la
“competitividad” capitalista y, cuando se trata de las subidas, de la
necesidad de mantener a raya el déficit fiscal. Entretanto, aumenta el
desempleo, disminuye el poder de compra y los rampantes tipos de interés
imposibilitan nuevas inversiones. Los altos superávits presupuestarios,
destinados al pago de la deuda, dificultan las inversiones públicas. (Cesar
Benjamin, Caros amigos, marzo de 2003).
El
los albores del régimen, Da Silva y su equipo económico auguraron un
crecimiento de más del 3 %. A finales de febrero, la mayoría de los
economistas hablaban de un crecimiento per cápita nulo (Mario Maestri, “Sem
luz no fim do tunnel”, La Insignia, 4 de marzo de 2003).
La
ortodoxia del régimen de Da Silva genera mayores desigualdades, desempleo y
hambre. La súplica de Da Silva a los multimillonarios de Davos para que
promoviesen un nuevo orden mundial y que contribuyesen a financiar un fondo
contra la pobreza, sólo cosechó escepticismo y, tal vez, alguna que otra
sonrisa cínica y discreta. El Finantial Times se pregunta “¿Por qué
deberían los multimillonarios apoyar un nuevo orden si les va tan bien en el
existente?” (FT, 27 de enero de 2003, pág. 2). El que Da Silva mendigue
frente a los grandes capitales para luchar contra el hambre demuestra la crisis
de su política y de su estrategia económica.
La
oposición: régimen, partido y movimientos sociales
La
estrategia política de Da Silva pasa por intentar crear “amplias” alianzas
con los partidos de la derecha, figuras políticas y grupos religiosos, con
vistas a aislar y neutralizar las tendencias democráticas e izquierdistas de su
propio partido, los sectores progresistas de la iglesia y los movimientos
sociales dinámicos, incluido el MST. Además de sus alianzas con la derecha
dentro del país, Da Silva ha creado sólidos vínculos con Bush, el FMI y los
regímenes derechistas y neoliberales de la región, a través de su apoyo al
ALCA, su propuesta sobre los “amigos de Venezuela” –en donde abundaban los
partidarios del golpe contra Chávez– y su entrevista (7 de marzo de 2003) con
el presidente colombiano paramilitar Alvaro Uribe, en la que ofreció que Brasil
“mediaría” para desarmar las guerrillas (El Heraldo, Barranquilla,
Colombia, 4 de marzo de 2003). Es igualmente significativo que Da Silva
integrase a un amplio sector del ala izquierdista del PT en su gobierno ofreciéndole
ministerios secundarios a cambio de apoyo para su proyecto neoliberal y su política
exterior. Entre los colaboradores de “izquierdas” de Da Silva se encuentran
Marina Silva (ministra de Medio Ambiente), Miguel Rossetto (ministro de
Desarrollo Agrícola, de la corriente trotskista, o ex trotskista, Tendencia
Socialista Democrática del PT), Olivio Dutra (ministro Para las Ciudades) y
Tarso Genro (secretario nacional para el Desarrollo Socioeconómico). Mientras
que Da Silva ofrece credibilidad al programa del FMI gracias a su popularidad y
a sus orígenes obreros, los ministros de “izquierda” del PT dan cierta
legitimidad a las políticas neoliberales entre los afiliados del PT y mantienen
vivas las ilusiones de algunos de los líderes de los movimientos sociales.
Las
restantes facciones de izquierda del PT, opuestas al apoyo de Da Silva al ALCA,
a Bush, al FMI y a las políticas neoliberales, se dividen en dos grupos. Uno,
desde dentro del régimen, pide aportar más contenido “nacional” a las
recetas neoliberales, depender menos del capital financiero foráneo y más del
nacional. Este grupo, comandado por los senadores Alorzio Mercadente y Carlos
Lesser, tiene una influencia casi nula sobre los dirigentes económicos y su crítica
no se extiende más allá de los círculos internos de la elite del partido.
Los
otros críticos de izquierda del PT incluyen a Heloisa Helena, la valerosa
senadora por el estado de Alagoas, que se ha pronunciado públicamente en contra
de que Da Silva designase a Henrique Meirelles, el favorito de Wall Street, para
dirigir el Banco Central y del apoyo del PT al senador derechista José Sarney
como presidente del Senado, así como de sus políticas neoliberales (Corriente
de izquierda, 13 de diciembre de 2002 y Corriente de izquierda, 6 de
febrero de 2003). La senadora Helena, al hablar sobre la angustia y la
desesperanza que le causa el giro neoliberal de Da Silva después de arriesgar
su propia vida durante más de dos décadas para poder llevarlo al poder, recoge
la opinión de muchos militantes de base del PT: “Es triste y desesperante
[ser un adversario de mi partido]. Recuerdo todos mis años de dedicación al PT.
Hoy es fácil pasear con la pequeña estrella [símbolo del PT] en la solapa,
ser un neolulista o un neo-PT gracias al carácter de ídolo del presidente y al
amplio apoyo que los medios de comunicación prestan al gobierno. Pero yo, que
he sido golpeada, he sufrido el ametrallamiento de mi casa y me han roto los
dientes... Este partido no pertenece a unos pocos [los de arriba], que creen que
pueden hacer lo que quieran con el PT porque ocupan cargos importantes en el
poder” (Revista Veja, 28 de enero de 2003).
Helena
aclaró que continuaría luchando contra el giro a la derecha del PT hasta que
diese la batalla por perdida y que, entonces, dimitiría (Revista Veja,
28 de enero de 2003). Tras sus elocuentes y atronadoras críticas, Da Silva y
Dirceu, el encargado de la disciplina en el PT, trataron de silenciarla a fin de
que su mensaje no alcanzase a los militantes de base y arrastrase a otros
miembros del partido. El presidente del PT, José Genoino, dirigió un proceso
de linchamiento encaminado a censurar a Helena y a sentar las bases de su futura
expulsión. Junto con Dirceu, encuentra intolerable su crítica de izquierdas.
El
auge del poder autoritario y centralizado del PT está estrechamente vinculado
con la centralización del poder decisorio del gobierno en materia económica,
así como con el giro hacia la ortodoxia neoliberal y con la política
proimperialista del régimen.
Sin
embargo, la oposición de Helena y las medidas represivas de Da Silva han
aglutinado ciertas fuerzas dentro del PT. El congresista Raúl Pont, de la
Tendencia Socialista Democrática, defendió el derecho de Helena a criticar y
abogó por una “discusión fraternal sin presiones ni sanciones” (Correio
hace Povo, Porto Alegre, 6 de febrero de 2003). Los principales partidarios
de aplicar duras represalias disciplinarias contra Helena son dos antiguos
socialdemócratas (de la izquierda del PT) y actuales ministros del régimen,
Tarso Genro y Olivio Dutra (Correio hace Povo, Porto Alegre, 6 de febrero
de 2003), mientras que varios miembros de las vertientes de izquierda del PT están
organizando una red en su apoyo dentro del partido. Según una fuente, el
consorcio Dirceu-Genoino ha elaborado una lista de cinco parlamentarios que habrían
de ser aislados primero y expulsados después.
En
las actuales circunstancias, la izquierda del PT, la tendencia “articulación
de izquierda”, permanecerá leal al partido: planteará resoluciones críticas
en los congresos, pero votará según las instrucciones de Da Silva en lo
concerniente a la legislación neoliberal. Por su implicación en el gobierno,
con diputados y funcionarios estatales o municipales, la izquierda está
interesada en preservar el régimen derechista de Da Silva y confía en un
“giro a la izquierda” o en una ruptura entre Da Silva y sus principales
colaboradores (véase “Resolución de la Conferencia Nacional de Articulación
de Izquierda”, documento poselectoral, 2002).
En
realidad, las críticas de la izquierda al ALCA y al neoliberalismo caen en oídos
sordos, mientras que sus vínculos con el régimen y el mantenimiento de la
disciplina del partido impiden que la izquierda del PT desempeñe papel alguno
en el despertar de una oposición real al régimen derechista de Da Silva. Por
el contrario, la pequeña capacidad de disensión de la izquierda del PT y su
manera de actuar creará la ilusión de que la reforma es posible desde el
interior del régimen, lo cual bloqueará la emergencia de una corriente de
oposición externa al PT y al régimen de Da Silva. La absoluta confusión política
de los sectores de la izquierda del PT y la capitulación de otros deja pocas
opciones para el descontento que emerge entre los trabajadores del sector del
metal, el MST y los sectores progresistas de la iglesia.
Movimientos
sociales y sindicatos
La
CUT (confederación del trabajo), de izquierda y vinculada al PT y, en
particular, a Da Silva, aportó numerosos miembros que fueron elegidos
congresistas y algunos son ministros del régimen. De momento pocos, si es que
hay alguno, se han manifestado contra el giro a la derecha de Da Silva. El
propio CUT, aunque alega contar con quince millones de afiliados, está
burocratizado, tiene muchos empleados y depende en gran medida de la financiación
estatal. El poder de convocatoria del CUT es muy limitado y no consigue reunir a
más de varios miles de personas en sus principales protestas. Desde el comienzo
del régimen de Da Silva, la dirección del CUT ha adoptado un doble discurso.
Poco después de la elección de Da Silva, el CUT fue invitado para negociar el
“pacto social” del nuevo régimen para reducir pensiones, posponer el
aumento del salario mínimo y socavar la base financiera de los sindicatos. La
dirección del CUT declaró su independencia con respecto al gobierno, pero
acordó continuar participando en el Consejo Social y Económico, aunque los
banqueros y empresarios excedieran a los sindicalistas en una proporción de más
de tres por uno. Con posterioridad, el CUT continuó criticando los bruscos
recortes presupuestarios neoliberales y la reasignación de recursos en favor de
los poseedores de bonos, tanto locales como extranjeros, aunque siguió apoyando
al régimen de Da Silva. Peor aún, en lo concerniente al supuesto y derechista
pacto social, la principal fuente de discrepancia con respecto al equipo económico
neoliberal residía en la manera de ponerlo en marcha, aconsejando a los
neoliberales procedimientos “gradualistas” en la aplicación de medidas que
afectaban a la clase trabajadora, en lugar de ponerlo en ejecución íntegra e
inmediatamente. El servilismo del CUT frente al régimen de Da Silva es la
continuación de la política de negociación que venía aplicando con los
anteriores regímenes neoliberales, debida en parte a su dependencia con
respecto a los subsidios gubernamentales. Además, existen fuertes lazos de
dependencia respecto al PT a través de los antiguos cargos del CUT que desempeñan
ahora labores dentro del régimen y las promesas de futuras inclusiones, tanto
en él como en posibles listas de candidatos para el Congreso en las siguientes
elecciones. Finalmente, está el asunto de la burocratización del CUT, que ha
sido gestionado de manera vertical durante más de una década, dejando de lado
al militante, y que es hoy totalmente incapaz de vertebrar la masa de parados y
subempleados. Los resultados fueron evidentes en cualquier manifestación
importante contra el ALCA, el FMI o la oleada de privatizaciones de Cardoso. La
dirección del CUT, tras haber desmovilizado a sus bases durante más de una década,
fue incapaz de congregar a más de unos pocos miles de personas en la calle e,
incluso en tales casos, la mayoría de ellos pertenecían al PSTU, el PC de B y
la izquierda del CUT. Los líderes del MST me han informado de que los sectores
progresistas de la iglesia católica tienen mayor capacidad de convocatoria que
el CUT. Lo que confunde a los observadores exteriores acerca del CUT es que sus
líderes aparezcan pronunciando discursos o firmando declaraciones en favor de
medidas radicales, dando la impresión de que sigue siendo un sindicato popular
y radical. A pesar de lo duro de la legislación contra la clase obrera que
promueve el régimen de Da Silva, escasean las manifestaciones de oposición
activa por parte de los líderes oficiales, aunque, a principios de marzo de
2003, muchos sindicalistas con conciencia de clase se mostrasen afectados y
enojados frente a lo que consideraban una alianza de Da Silva con el
empresariado. La mayor parte de los analistas económicos no conceden a Da Silva
más que entre seis meses y un año antes de que se produzcan conflictos
importantes en oposición a su política neoliberal, lo cual anima a Palocci y
al resto del equipo de Da Silva a acelerar la marcha y a que el Congreso apruebe
la “amarga medicina” antes de que se desinflen las ilusiones de los pobres,
los sin tierra y los sindicatos con respecto al “presidente popular”.
Los
intelectuales de izquierda
Los
intelectuales que apoyan el régimen de Da Silva se dividen entre los lulistas
ortodoxos, como Frei Betto y Emir Sader, y los neolulistas, atraídos por las
políticas neoliberales y la posibilidad de lograr cargos como asesores del régimen
o hacerse con contratos estatales. La labor principal de los lulistas ortodoxos,
por lo menos en los primeros seis meses de su régimen, consiste en continuar
recreando la imagen “popular” del presidente Da Silva, en disculpar las políticas
reaccionarias y proimperialistas de su régimen haciendo apelación a “lo difícil
y complejo del mundo”, en sostener “la imposibilidad de romper ahora con el
FMI” (Sader) y en elaborar un nuevo acercamiento “pragmático”, que busque
equilibrar las aspiraciones de los responsables de la política económica de
derechas de Da Silva con las de los supuestos “izquierdistas” que circulan
por los intersticios del conjunto de condicionamientos ideológicos y
presupuestarios del grupo de derechas dominante. Sader y Betto, que cantaron en
el coro del FSM que “otro mundo es posible”, añaden ahora “todavía no,
no con Lula; más adelante es posible”. Los nuevos pragmáticos también
prestan el fundamento ideológico necesario para mantener la disciplina, al
desacreditar y despachar a quienes critican las políticas derechistas de Da
Silva desde posiciones de izquierda.
Los
neolulistas no son tan duros con las críticas de izquierda, puesto que no
sienten ninguna necesidad de esconder su escoramiento hacia la derecha. Por práctica
y convicción, se postulan como “tecnócratas” y neoliberales
“progresistas”, interesados en un modelo “heterodoxo” del libre mercado
que aúne mercados competitivos y gasto social, por más que dediquen la mayor
parte de sus esfuerzos al primero y, generalmente, traten de posponer la
satisfacción de las obligaciones para con lo que tildan de “deuda social”.
Los
intelectuales de izquierda están desparramados por todo el subespectro político.
Muchos pertenecen a la izquierda del PT, otros están fuera, tanto de él como
del régimen. Pero ninguno de ellos tiene en mente el constituir un nuevo
movimiento político y social que se oponga a las medidas salvajes adoptadas por
Da Silva. Esperan poder ejercer influencia sobre el régimen a través de los
ministros progresistas, la presión exterior o como consecuencia de una crisis
producida por las actuales políticas neoliberales, que obligue a Da Silva a
“girar a la izquierda”. Se olvidan de que fue el propio Da Silva quien
designó los ministros de los sectores económicos y financieros claves, de que
confía en los principales consejeros políticos del PT, que son los arquitectos
de sus políticas, y de que él mismo apoya personalmente este tipo de legislación
retrógrada. Tal como ha indicado Palocci, “Lula conoce y acepta todas y cada
una de mis decisiones”.
Son
muy pocos los intelectuales que hayan comenzado a cuestionar el régimen, su política
y su base social, aunque su futuro político esté todavía sin determinar,
particularmente su cauce futuro.
El
MST
El
movimiento de trabajadores rurales sin tierra se enfrenta a un profundo dilema:
tras construir durante años un movimiento sociopolítico independiente de acción
de masas que ubicó a más de 350.000 familias sin tierra en propiedades
improductivas a través de la acción directa (ocupaciones), aceptó
inmovilizarse como medida electoral en favor de Da Silva para, después, esperar
una reforma agraria positiva. Los éxitos pasados del MST se basaron en su
capacidad para dar prioridad a las acciones de masas independientes, mientras
que apoyaba, incluso, a algunos candidatos electorales progresistas del PT.
Confiando en que la elección de Da Silva sería el punto de partida para una
amplia reforma agraria, se encuentra ahora frente a un régimen que se ha
opuesto a cada una de sus supuestas “reformas equitativas”.
Desde
años antes de las elecciones presidenciales, había debates y discusiones en el
MST acerca del futuro político del movimiento. Había quienes sostenían que el
PT estaba convirtiéndose en un partido socialdemócrata o conservador, que
muchos de sus representantes estatales o municipales eran hostiles a la reforma
agraria y que, en algunos casos, reprimían las ocupaciones de tierras. Por lo
tanto, concluyeron que el MST debería formar su propio partido junto con otros
movimientos sociales y grupos de izquierda. Un segundo grupo, incluso si concedía
que el PT se escoraba hacia el conservadurismo y repudiaba la labor de los
gobernadores y alcaldes de la derecha del PT, prefería que el MST propusiese
sus propios candidatos a través del PT o, por lo menos, trabajase desde su
interior para promover una dirección más progresista. La tercera fuerza, la más
influyente, por lo menos en la esfera de la dirección nacional, trataba de
mediar. Se acordó trabajar al margen del PT, aliándose con sectores
progresistas de la iglesia, grupos de derechos humanos e intelectuales de
izquierda para elaborar un programa alternativo y crear una organización. Así
nació Consulta Popular (CP) con gran ruido de timbales, aunque después
decayese porque esta medida de “izquierdas” convivió con la vieja táctica
de tratar de ejercer influencia sobre el PT desde dentro. En efecto, el CP no
era ni un nuevo movimiento ni un nuevo partido político y se quedó a medio
camino entre la acción directa y la política electoral, sin que pudiera
concitar el apoyo de los medios sindicales ni echar raíces en el medio urbano.
Para
la campaña electoral de Da Silva en el año 2002 se le exigió al MST una
concesión sin precedentes: la suspensión de la acción directa de masas
–ocupaciones de tierra– al afirmarse que ésta “obraría en beneficio de
la derecha”, “asustaría” a los votantes de clase media y acabaría con
las aspiraciones electorales de Da Silva. Por desgracia, y por primera vez, el
MST cayó en la trampa. Interrumpió la acción directa y se sumó a la campaña
electoral, a pesar de las alianzas reaccionarias de Da Silva y de la clara
hegemonía que detentaban en sus filas las fuerzas proimperialistas. El MST pasó
del análisis de clase a vagas proclamas “populistas”; al fin y al cabo,
diez millones de pobres acabarían votando por Lula y sus expectativas de una
ruptura con el neoliberalismo lo obligarían a responder positivamente.
Como
cabía esperar, una vez en el poder Da Silva hizo caso omiso de las
“expectativas populares”; más bien pidió “perdón” por enarbolar el
estandarte neoliberal a pesar de la oposición popular. Por desgracia, la mayoría
de los líderes de MST continuaron alimentando la fe, aunque no tanto en Da
Silva como en el impotente ministro para la Reforma Agraria y otros cargos de
izquierda de dicho ministerio. Miguel Rossetto, el ministro para la Reforma
Agraria y miembro de la izquierdista Tendencia Socialista Democrática del PT,
alegó que haría todo lo posible por cumplir las promesas de reforma agraria
dentro de lo permitido por las limitaciones presupuestarias que le había
asignado el gobierno, lo cual fue una astuta maniobra demagógica.
Mientras
tanto, crecían las tensiones dentro del MST: los militantes de base y los más
de 60.000 ocupantes ilegales de tierra que permanecían acampados en tiendas de
plástico, sufriendo frío, calor, escasez de alimento y mosquitos, comenzaban a
agitarse. Hubo unas pocas ocupaciones de tierras. Los movimientos como el MST o
actúan o se desintegran. El régimen de Da Silva no dispuso ninguna medida de
emergencia. La reforma agraria fue pospuesta, junto con el programa de “hambre
cero” y otras promesas electorales. La estrategia de ciertos líderes del MST
de trabajar desde el interior del PT comenzaba a perder fuerza. Algunos
dirigentes regionales y nacionales expresaron públicamente su insatisfacción
por la falta de respuesta del gobierno (Folha de Sao Paulo, 9 de febrero
de 2003). João Paulo Rodriguez, el coordinador nacional del MST, exigió del
gobierno un calendario para la reforma agraria y expresó su preocupación ante
la inacción, cuarenta días después de la asunción del poder por parte de Da
Silva. Rodriguez advirtió al régimen que no podrían continuar esperando, dado
que había 60.000 familias que necesitaban ser reubicadas. Tal y como dijo,
“No podemos esperar. Pensamos como un movimiento social, no como un
gobierno”. El gobierno ha incorporado a varios progresistas próximos al MST y
otros grupos al Instituto para la Reforma Agraria (INCRA), pero les ha asignado
pocos recursos. Además, Da Silva ha asumido una posición extremadamente rígida
y hostil hacia las tácticas tradicionales de ocupación de tierras del MST y ha
prometido usar toda la fuerza de la ley [sic] para reprimir el
movimiento. Alega que cualquier iniciativa de reforma agraria tendrá que
ajustarse a los programas establecidos por el gobierno, para los que el
presupuesto poselectoral asigna cantidades insignificantes.
Tarde
o temprano, el MST tendrá que reconocer que los campesinos sin tierra no tienen
cabida en el régimen de Da Silva y que el movimiento tendrá que romper con él
y volver sus acciones directas habituales o sufrir la fractura, el declive y la
absorción.
Conclusión
El
régimen de Da Silva plantea dos peligros. Primero, representa una amenaza para
los niveles de vida y las condiciones laborales y sociales de la mayoría de los
asalariados y pensionistas de Brasil. La amenaza es más aguda porque procede de
partidos políticos –o de una coalición de partidos y organizaciones
sociales– que eran los principales defensores de las clases obreras y
campesinas y que ahora se han aliado con sus enemigos, dejando así a las masas
temporalmente indefensas. Además del dolor físico y del sufrimiento social que
el régimen de Da Silva está causando, el giro a la derecha producirá un
inmenso daño psicológico en las masas y extenderá el desencanto general, no sólo
con al régimen del PT y sus caras más visibles, sino también con el espectro
entero de partidos, sindicatos y movimientos sociales que ayudaron a Da Silva a
convertirse en el “presidente popular”. Es igualmente relevante la manera en
que los ideólogos del PT, como Sader y Frei Betto, que han justificado la política
de Da Silva al alegar su carácter “realista” o “pragmático”, han
contribuido a afianzar la idea de que realmente no queda otra alternativa que
adoptar políticas neoliberales, en especial entre los intelectuales de
izquierda peor informados,. Al asignar a la política derechista de Da Silva el
marchamo de izquierdista, los ideólogos lulistas amenazan con redefinir el
concepto mismo de izquierda según el modelo neoliberal del Partido Socialista
Obrero Español y del “New Labour” británico, vaciando así la política
izquierdista brasileña de su contenido socialista y de su preocupación por el
bienestar básico.
En
segundo lugar, la izquierda internacional, que tanto ha alabado a Lula, está
conduciendo el movimiento popular hacia un enorme desastre político. El
ensalzamiento, tan efusivo como infundado, de la victoria electoral de Da Silva,
al definirla como el cambio revolucionario más grande desde la revolución
cubana, la elección de Salvador Allende o la revolución sandinista, está
allanando el camino de un desencanto masivo tan pronto como las clases populares
comiencen a tomar conciencia de lo reaccionario
de las políticas que aplica. Existen dos resultados probables. Por un lado, otros movimientos de
izquierda repensarán la estrategia electoral entera, particularmente la relación
entre el movimiento y el partido. Desde una perspectiva histórica práctica, es
evidente la manera en que el temprano divorcio entre el PT y sus bases populares
y el abandono de sus luchas sociales abonó el terreno para sus colaboraciones
interclasistas y, al final, para su política de régimen proimperialista.
Teóricamente,
la dinámica de la lucha de clases y la aparición de los movimientos populares
de acción directa, como el MST, fueron instrumentales para desafiar la
ortodoxia neoliberal, sobre todo en un contexto de estados neoliberales en
profunda crisis. El estancamiento económico, el crecimiento de las
desigualdades, el aumento de la deuda externa, junto con una crítica de
izquierda, creó la base para el declive de la derecha neoliberal tradicional,
aunque no bastó para que cobrasen fuerza alternativas radicales o, incluso,
reformistas. En lugar de eso, surgió un nuevo neoliberalismo ortodoxo, híbrido
y virulento, con raíces en la clase obrera, en la clase media y en los
trabajadores sin tierra, dirigido por antiguos izquierdistas de origen humilde,
pero subordinado al capital internacional.
Teóricamente,
la condición plebeya de los líderes del PT, la manipulación del imaginario
popular y la naturaleza personalista y autoritaria de la dirección del partido,
hicieron posible la ruptura radical del PT con sus raíces izquierdistas. Los orígenes
populares de sus dirigentes se esgrimieron para neutralizar la oposición
interna y obligar a seguir un rumbo hacia la derecha. Al fin y al cabo, ¿quién
estaba dispuesto a enfrentarse al “presidente popular” cuando Da Silva abrazó
a Bush, el gran adalid de la guerra en nuestros días y se refirió a él como
“aliado de Brasil”? ¿Cuál de los ideólogos pragmáticos del “presidente
popular” mostró su desacuerdo?
Da
Silva tiene un programa neoliberal claro y coherente, basado en una alianza con
el FMI, Washington, los inversores extranjeros y los acreedores. Junto con sus
consejeros ha puesto en marcha una estrategia eficaz para limitar la oposición
interna del partido por medio del palo (amenazas de censura y expulsión a los
críticos más persistentes) y de la zanahoria (ofertas de ministerios y
secretarías). Gracias al patrocinio del estado y la disciplina del partido, ha
hecho de los alcaldes y congresistas del PT meras correas de transmisión para
sus duros programas de austeridad. Hay excepciones, por supuesto; un puñado del
cargos electos del PT todavía se decanta por el tradicional programa social,
democrático y reformista, pero han sido marginados, abandonados en parte por
sus antiguos camaradas, movidos por su voraz apetito por los despojos y los
pequeños feudos del poder estatal. El régimen tiene el poder y el tesón
necesarios para imponer duras políticas neoliberales al país, a las clases más
bajas, y para mantener disciplina dentro del partido.
El
control abrumador de la dirección del PT sobre el partido se puso de manifiesto
el 16 de marzo de 2003en la primera reunión de la Dirección Nacional tras la
elección de Lula. Hubo tres propuestas. La neoliberal, que apoyaba la política
derechista del régimen en materia económica, recibió el 70 % de los votos, 54
en total, mientras que las propuestas de los disidentes de izquierdas obtuvieron
el 28 %, 21 en total; hubo, además, dos abstenciones. La resolución final
establecía explícitamente y de modo doctrinario los argumentos y la lógica
que justifican las políticas neoliberales del régimen, indicando las razones
teóricas y prácticas para la adopción de la estrategia neoliberal
(monetarismo, ajustes, etc.). La resolución afirmó que las políticas
favorables al empresariado y el apoyo al FMI no eran tácticas, sino
posiciones propias. La reunión también reflejó la consolidación del control
del aparato del partido y la marginación casi total de las tendencias de
izquierda. La resolución, la reunión y el voto dejaron patente lo insensato de
creer en la reforma del partido desde dentro o de ejercer presión sobre la
dirección para darle un “giro a la izquierda”. La permanencia en el PT
significa el apoyo al partido del FMI, a George Bush, al ALCA, a los enemigos
del presidente Chávez de Venezuela y a las patrullas conjuntas de control
fronterizo con las del presidente paramilitar de Colombia, Uribe; una postura
injustificable, por lo menos, desde una perspectiva popular y de izquierda.
Por
el contrario, el movimiento de oposición a Da Silva se siente ideológica,
estratégica y tácticamente impotente y desorientado. Al no estar dispuesto a
aceptar la “redefinición” radical que hace Da Silva del programa
“reformista” (desde el estado del bienestar al neoliberalismo ortodoxo),
busca un nuevo programa y estrategia. Ciertos movimientos han estrechado sus
horizontes, dejando a un lado su oposición al hecho de que Da Silva haya optado
por una política proimperialista para poder promover “reformas
sectoriales”: reforma agraria, programas urbanos para los habitantes de las favelas,
etc. Incluso en estas “estrategias sectoriales”, la oposición ha atemperado
sus demandas por debajo de sus propuestas originales en su esfuerzo por
adaptarse de manera “realista” a los recortes presupuestarios de Da Silva y
a su absoluta connivencia con los acreedores extranjeros.
La
oposición de izquierda al PT y los movimientos sociales, que habían hecho un
gran esfuerzo en favor de la elección de Da Silva, continúan colaborando en
vano con sus altos cargos y dentro del aparato jerárquico, donde no tienen
posibilidad alguna de cambiar el curso del régimen.
¿Cuál
es la situación de la “estrategia externa”, la de quienes han decidido
oponerse al régimen de desde fuera? Estratégicamente ocupan una sólida posición.
El régimen y sus políticas neoliberales provocarán una crisis social,
financiera y económica más profunda que la que afectó al régimen de Cardoso.
Los altos tipos de interés, los recortes presupuestarios y el pago de la deuda
dificultarán las inversiones productivas, debilitarán el mercado interno y
aumentarán el peso futuro de la deuda, conduciendo al ahondamiento de la recesión
durante los años 2003 y 2004.
Los
bruscos recortes presupuestarios, el declive de las pensiones, la reducción
real del salario mínimo y la deterioración de los servicios sociales hará
descender el nivel de vida por debajo del actual. Los pagos a los ricos
acreedores, los subsidios a los grandes exportadores agrícolas y la inflación
aumentarán las desigualdades. El drástico giro a la derecha del régimen de Da
Silva, el precipitado descenso del nivel de vida y el empeoramiento de la recesión
acabarán rápidamente con el alto grado de aceptación popular de Lula. Dentro
de este mismo año 2003, el desencanto popular aumentará y se extenderá a
nuevos sectores, lo cual provocará manifestaciones explícitas de descontento:
los trabajadores del sector metalúrgico comenzaron sus huelgas apenas dos meses
después del cambio de gobierno y, en algunas regiones, los campesinos sin
tierra ya han reiniciado las ocupaciones de tierras (a finales de marzo).
La
pregunta que es necesario plantear es: ¿de dónde procederá la oposición política
de izquierda al régimen de Da Silva? El pequeño, aunque disciplinado Partido
Socialista de los Trabajadores Unidos (PSTU) ha ido ganando influencia entre la
militancia del sindicato CUT y su peso actual en él llega ya al 10 % de la
confederación. El PSTU tiene un potencial de crecimiento, pero sólo podrá
llegar a ser un movimiento de oposición importante si se alía con otros
movimientos sociales mayores y más significativos, con figuras políticas,
disidentes de la iglesia y fuerzas sindicales. Una alianza de líderes
izquierdistas del MST, un sector del CUT, el clero católico progresista,
disidentes de la izquierda del PT y el PSTU podría crear una coalición de
oposición alternativa o un partido político en que primase la acción directa
sobre la política electoralista. Esta formación tendría grandes posibilidades
de enarbolar la bandera contra el ALCA, el repudio de la deuda, el desarrollo
del mercado interno, la reforma agraria y la renacionalización de la banca y
las industrias estratégicas. Millones de brasileños se oponen a cada una de
las medidas de Da Silva. El referéndum contra el ALCA fue apoyado por diez
millones de votantes; de los 52 millones de personas que votaron por da Silva,
la abrumadora mayoría lo hizo porque quería romper con la anterior política
neoliberal, no continuarla y extenderla.
A
pesar de contar con un objetivo estratégico adecuado e, incluso, con las
condiciones subjetivas necesarias para la reaparición de una nueva formación
de izquierda, existen varias limitaciones serias. En primer lugar, la ausencia
de un partido político con una presencia nacional que sea capaz de actuar como
polo de atracción. El nuevo partido político habrá de nacer a lo largo de la
lucha social que, en un principio, tendrán que dirigir los fragmentos sociales
y políticos de las clases explotadas. En segundo lugar, la nueva formación política
tendrá que promover una dura lucha ideológica que desenmascare al
“presidente popular” y revele la naturaleza profundamente reaccionaria y
continuista de su régimen. Esto requerirá cierto tiempo y esfuerzo, porque
entre los defensores del régimen se cuentan desde la mayoría de los medios de
comunicación hasta los polémicos apologistas ideológicos que abandonaron sus
posiciones de izquierda y se integraron en el régimen. En tercer lugar, la
nueva formación política tendrá que asumir un alto grado de coherencia política,
para evitar la creación de alianzas con la oposición de derechas, aunque haya
bastante margen para las alianzas tácticas con el sindicato moderado Forza
Sindical en materia de salarios y legislación laboral. En cuarto lugar, la
formación política debería dejar sentado, de forma clara y explícita, su
posicionamiento teórico y programático con respecto a la naturaleza de la
crisis neoliberal, el nuevo colonialismo militar de los EE.UU. y las principales
contradicciones que socavan la viabilidad del modelo económico de Da Silva.
La
nueva formación política deberá organizarse, organizarse y organizarse. Hay más
de noventa millones de brasileños que viven en la pobreza, la mayoría de los
cuales no están organizados, a quienes la política de Da Silva
empobrecerá aún más, a pesar del programa de “hambre cero”. Hay veinticinco millones de
brasileños sin tierra en el campo, el 95 % de los cuales no se beneficiarán de
ninguna reforma agraria y sufrirán las consecuencias de las medidas de Da Silva
en favor de la agricultura de exportación. Hay cuarenta millones de
desempleados y subempleados sin perspectivas de empleo, dados los recortes
presupuestarios y los altos tipos de interés. La bancarrota amenaza a cientos
de miles de pequeñas y medianas empresas (y a bastantes grandes empresas
nacionales) a causa del alto coste del crédito (intereses del 26,5 % en marzo
de 2003) y de la política librecambista (ALCA) promovida por el régimen.
La
oposición política se enfrenta al formidable desafío de organizar a los
desorganizados porque, de otro modo, surgirán protestas espontáneas que serán
duramente reprimidas, tal y como Da Silva ha prometido a los inversores
internacionales. El desencanto que surja podría atraer el interés de algunos
partidos de derecha que hoy en día apoyan a Da Silva, pero que abandonarán,
como siempre hacen, los barcos que se hunden.
Por
último, la nueva formación política, aunque trate de atraer a los votantes
descontentos que abandonen a Da Silva, deberá mantener a rajatabla sus
distancias con respecto al PT, un partido que, como muchos otros en Europa e
Iberoamérica, comenzó siendo de izquierdas y ha acabado sumándose a la
derecha.
La situación brasileña no es ineluctable. Las condiciones objetivas son favorables y surgen oportunidades subjetivas, aunque quede planteada y sin respuesta la cuestión del liderazgo político.
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